Al pensar en cuestiones internacionales, es útil tener presentes
varios principios de generalidad e importancia considerables. El primero
es la máxima de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que quieren, y los
débiles sufren como es menester”. Esto tiene un importante corolario:
todo Estado poderoso descansa en especialistas en apologética, cuya
tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que
sufren los débiles es su culpa. En el Occidente contemporáneo a estos
especialistas se les llama “intelectuales” y, con excepciones
marginales, cumplen su tarea asignada con habilidad y sentimientos de
superioridad moral, pese a lo disparatado de sus alegatos. Su práctica
se remonta a los orígenes de la historia de la que tenemos registro.
Los “principales arquitectos”
Un segundo punto, que no hay que olvidar, lo expresó Adam Smith. Él
se refería a Inglaterra, la potencia más grande de su tiempo, pero sus
observaciones son generalizables. Smith observaba que los “principales
arquitectos” de políticas públicas en Inglaterra eran los “comerciantes y
los fabricantes”, quienes se aseguraban de que sus intereses fueran
bien servidos por tales políticas, por “gravoso” que fuera el efecto en
otros -incluido el pueblo de Inglaterra- y pese a la severidad que
tuvieran para quienes sufren “la salvaje injusticia de los europeos” en
otras partes.
Smith fue una de esas raras figuras que se apartaron de la práctica
normal de retratar a Inglaterra como una potencia angelical, única en la
historia del mundo, dedicada sin egoísmo al bienestar de los bárbaros.
Un ejemplo revelador, en estos términos exactos, es un ensayo clásico de
John Stuart Mill, uno de los más decentes e inteligentes intelectuales
occidentales, en el que explicaba por qué Inglaterra tenía que culminar
su conquista de la India en aras de los más puros fines humanitarios. Lo
escribió justo en el momento de mayores atrocidades de Inglaterra en la
India, cuando el verdadero fin de una mayor conquista era permitir a
Inglaterra apoderarse del monopolio del opio y establecer la más
extraordinaria empresa de narcotráfico en la historia mundial, y así
obligar a China, con lanchas cañoneras y venenos, a aceptar las
mercancías de fabricación británicas, que China no quería.
La plegaria de Mill es la norma cultural. La máxima de Smith es la norma histórica.
Hoy, los principales arquitectos de las políticas públicas no son los
“comerciantes y los fabricantes”, sino las instituciones financieras y
las corporaciones trasnacionales.
Una refinada versión actual de la máxima de Smith es “la teoría de la
inversión en política”, desarrollada por el economista político Thomas
Ferguson, la cual considera que las elecciones son la ocasión para que
grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar el Estado, en
esencia comprando las elecciones.
Como muestra Ferguson, esta teoría es un mecanismo muy bueno para predecir políticas públicas durante un periodo largo.
Entonces, para lo ocurrido en 2008 debimos haber anticipado que los
intereses de las industrias financieras tendrían prioridad para el
gobierno de Obama. Fueron sus principales provedoras de fondos y se
inclinaron mucho más por Obama que por McCain. Y así resultó ser. El
semanario de negocios Business Week se ufana ahora de que la
industria de las aseguradoras ganó la batalla por la atención a la
salud, y de que las instituciones financieras que crearon la crisis
actual emergen incólumes y aun fortalecidas, tras un enorme rescate
público -lo que acomoda el escenario para la siguiente crisis-, apuntan
los editores. Y añaden que otras corporaciones aprendieron valiosas
lecciones de estos triunfos y ahora organizan grandes campañas para
frenar la aprobación de cualquier medida relacionada con energía y
conservación (por suave que sea), con pleno conocimiento de que frenar
esas medidas negará a sus nietos cualquier posibilidad de supervivencia
decente. Por supuesto, no es que sean malas personas, ni son ignorantes.
Ocurre que las decisiones son imperativos institucionales. Quienes
deciden no seguir las reglas son excluidos, a veces en formas muy
notables.
Las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares (extravaganzas),
conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que
floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y
Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente
libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por
la fuerza. Entonces, los arquitectos de las políticas públicas se dieron
cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes y las
opiniones. Uno de los elementos de la tarea era controlar las
elecciones.
Estados Unidos no es una “democracia guiada” como Irán, donde los
candidatos requieren la aprobación de los clérigos imperantes. En
sociedades libres, como Estados Unidos, son las concentraciones de
capital las que aprueban candidatos y, entre quienes pasan por el
filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos
de campaña.
Los operadores políticos están siempre muy conscientes de que con
frecuencia el público disiente profundamente, en algunos puntos, de los
arquitectos de las políticas públicas. Entonces, las campañas
electorales evitan ahondar en cualquier punto y favorecen las consignas,
las florituras de oratoria, las personalidades y el chismorreo. Cada
año la industria de la publicidad otorga un premio a la mejor campaña
promocional del año. En 2008 el premio se lo llevó la campaña de Obama,
derrotando incluso a las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban
eufóricos. Se ufanaban abiertamente de que éste era su éxito más grande
desde que comenzaron a promocionar candidatos cual si fueran pasta de
dientes o fármacos que asocian con estilos de vida, técnicas que
cobraron fuerza durante el periodo neoliberal, primero que nada con
Reagan.
En los cursos de economía, uno aprende que los mercados se basan en
consumidores informados que eligen racionalmente sus opciones. Pero
quien mire un anuncio de televisión sabe que las empresas destinan
enormes recursos a crear consumidores uniformados que eligen
irracionalmente sus opciones. Los mismos dispositivos utilizados para
derruir mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia,
creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a
partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses
de los dos partidos, que a lo sumo son facciones competidoras de un solo
partido empresarial.
Tanto en el mundo de los negocios como en el político, los
arquitectos de las políticas públicas son constantemente hostiles con
los mercados y con la democracia, excepto cuando buscan ventajas
temporales. Por supuesto, la retórica puede decir otra cosa, pero los
hechos son bastante claros.
La máxima de Adam Smith tiene algunas excepciones, que son muy
instructivas. Un ejemplo contemporáneo importante son las políticas de
Washington hacia Cuba desde que ésta obtuvo su independencia, hace 50
años. Estados Unidos es una sociedad que goza de una libertad poco
común, así que contamos con buen acceso a los registros internos que
revelan el pensamiento y los planes de los arquitectos de las políticas
públicas. A los pocos meses de la independencia de Cuba, el gobierno de
Eisenhower formuló planes secretos para derrocar al régimen e inició
programas de guerra económica y de terrorismo, cuya escala fue aumentada
bruscamente por Kennedy, y que continúan en varias formas hasta
nuestros días. Desde el inicio, la intención explícita fue castigar lo
suficiente al pueblo cubano para que derrocara al régimen “criminal”. Su
crimen era haber “logrado desafiar” políticas estadunidenses que
databan de la década de 1820, cuando la doctrina Monroe declaró la
intención estadunidense de dominar el hemisferio occidental sin tolerar
interferencia alguna de fuera ni de dentro.
Aunque las políticas bipartidistas hacia Cuba concuerdan con la
máxima de Tucídides, entran en conflicto con el principio de Adam Smith,
y como tales nos brindan una mirada especial sobre cómo se configuran
las políticas. Durante décadas, el pueblo estadunidense ha favorecido la
normalización de relaciones con Cuba. Desatender la voluntad de la
población es normal, pero en este caso es más interesante que sectores
poderosos del mundo de los negocios favorezcan también la normalización:
las agroempresas, las corporaciones farmacéuticas y de energía, y otros
que comúnmente fijan los marcos de trabajo básicos para la construcción
de políticas. En este caso sus intereses son atropellados por un
principio de los asuntos internacionales que no recibe el reconocimiento
apropiado en los tratados académicos en la materia: podríamos llamarlo
“el principio de la Mafia”. El Padrino no tolera que nadie lo
“desafíe y se salga con la suya”, ni siquiera el pequeño tendero que no
puede pagarle protección. Es muy peligroso. Debe, por tanto, erradicarse
brutalmente, de tal modo que otros entiendan que desobedecer no es
opción. Que alguien “logre desafiar” al Amo puede volverse un “virus”
que “disemine el contagio”, por tomar prestado el término usado por
Kissinger cuando se preparaba a derrocar el gobierno de Allende.
Ésa ha sido una doctrina principal en la política exterior
estadunidense durante el periodo de su dominio global y, por supuesto,
tiene muchos precedentes. Otro ejemplo, que no tengo tiempo de revisar
aquí, es la política estadunidense hacia Irán a partir de 1979.
Tomó su tiempo cumplir los objetivos plasmados en la doctrina Monroe,
y algunos de éstos siguen topándose con muchos impedimentos. El fin
último perdura y es incuestionable. Adquirió mucho mayor significación
cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en
una potencia global dominante y desplazó a su rival británico. La
justificación se ha analizado con lucidez.
Por ejemplo, cuando Wa-shington se preparaba para derrocar al
gobierno de Allende, el Consejo de Seguridad Nacional puntualizó que si
Estados Unidos no lograba controlar América Latina, no podría esperar
“consolidar un orden en ninguna parte del mundo”, es decir, imponer con
eficacia su dominio sobre el planeta. La “credibilidad” de la Casa
Blanca se vería socavada, como lo expresó Henry Kissinger. Otros también
podrían intentar “salirse con la suya en el desafío” si el “virus”
chileno no era destruido antes de que “diseminara el contagio”. Por
tanto, la democracia parlamentaria en Chile tuvo que irse, y así ocurrió
el primer 11 de septiembre, en 1973, que está borrado de la historia en
Occidente, aunque en términos de consecuencias para Chile y más allá
sobrepase, por mucho, los terribles crímenes del 11 de septiembre de
2001.
Aunque las máximas de Tucídides y Smith, y el principio de la Mafia,
no dan cuenta de todas las decisiones de política exterior, cubren una
gama bastante amplia, como también lo hace el corolario referente al
papel de los intelectuales. No son el final de la sabiduría, pero se
encaminan a él.
Con el contexto proporcionado hasta el momento, miremos el “momento
unipolar”, que es el tópico de gran cantidad de discusiones académicas y
populares desde que se colapsó la Unión Soviética, hace 20 años,
dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global en vez de
ser sólo la primera superpotencia, como antes. Aprendemos mucho acerca
de la naturaleza de la guerra fría, y del desarrollo de los
acontecimientos desde entonces, mirando cómo reacciona Washington a la
desaparición de su enemigo global, esa “conspiración monolítica y
despiadada” para apoderarse del mundo, como la describía Kennedy.
Unas semanas después de la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos
invadió Panamá. El propósito era secuestrar a un delincuente menor, que
fue llevado a Florida y sentenciado por crímenes que había cometido, en
gran medida, mientras cobraba en la CIA. De valioso amigo se convirtió
en demonio malvado por intentar adoptar una actitud desafiante y salirse
con la suya, al andarse con pies de plomo en el apoyo a las guerras
terroristas de Reagan en Nicaragua.
La invasión mató a varios miles de personas pobres en Panamá, según
fuentes panameñas, y reinstauró el dominio de los banqueros y
narcotraficantes ligados a Estados Unidos. Fue apenas algo más que una
nota de pie de página en la historia, pero en algunos aspectos rompió la
tendencia. Uno de ellos fue que se hizo necesario contar con un nuevo
pretexto, y éste llegó rápido: la amenaza de narcotraficantes de origen
latino que buscan destruir a Estados Unidos. Richard Nixon ya había
declarado la “guerra contra las drogas”, pero ésta asumió un nuevo y
significativo papel durante el momento unipolar.
“Sofisticación tecnológica” en el tercer mundo
La necesidad de un nuevo pretexto guió también la reacción oficial en
Washington ante el colapso de la superpotencia enemiga. El gobierno de
Bush padre trazó el nuevo rumbo a los pocos meses: en resumidas cuentas,
todo se mantendrá bastante igual, pero tendremos nuevos pretextos.
Todavía requerimos de un enorme sistema militar, pero ahora hay un nuevo
justificante: la “sofisticación tecnológica” de las potencias del
tercer mundo. Tenemos que mantener la “base industrial de defensa”,
eufemismo para describir la industria de alta tecnología apoyada por el
Estado. Debemos mantener fuerzas de intervención dirigidas a las
regiones ricas en energéticos de Medio Oriente, donde no “haríamos
responsable al Kremlin” de las amenazas significativas a nuestros
intereses, a diferencia de las décadas de engaño cuando eso ocurría.
Todo lo anterior pasó muy en silencio, apenas si se notó. Pero para
quienes confían en entender el mundo, es bastante ilustrativo.
Como pretexto para una intervención, fue útil invocar una “guerra a
las drogas”, pero como pretexto es muy estrecho. Se necesitaba uno de
más arrastre. Rápidamente las elites se volcaron a la tarea y cumplieron
su misión. Declararon una “revolución normativa” que confería a Estados
Unidos el derecho a una “intervención por razones humanitarias”
escogida por definición, por la más noble de las razones.
Para expresarlo con sutileza, ni las víctimas tradicionales se
inmutaron. Las conferencias de alto nivel en el Sur global condenaron
con amargura “el así llamado ‘derecho’ a una intervención humanitaria”.
Era necesario un refinamiento adicional, por lo que se diseñó el
concepto de “responsabilidad de proteger”. Quienes prestan atención a la
historia no se sorprenderán al descubrir que las potencias occidentales
ejercen su “responsabilidad de proteger” de modo muy selectivo, en
adherencia estricta a las tres máximas descritas. Los hechos perturban
de tan obvios, y requieren considerable agilidad de las clases
intelectuales: otra reveladora historia que debo dejar de lado.
Conforme el momento unipolar se iluminó, otra cuestión que se puso al
frente fue el destino de la OTAN. La justificación tradicional para la
organización era la defensa contra las agresiones soviéticas. Al
desaparecer la Unión Soviética se evaporó el pretexto. Las almas
ingenuas, que tienen fe en las doctrinas del momento, habrían esperado
que la OTAN desapareciera también; por el contrario, se expandió con
rapidez. Los detalles revelan mucho acerca de la guerra fría y de lo que siguió. A nivel más general revelan cómo se forman y ejecutan las políticas de los estados.
A medida que se colapsó la Unión Soviética, Mijail Gorbachov hizo una
pasmosa concesión: permitió que una Alemania unificada se uniera a una
alianza militar hostil encabezada por la superpotencia global, pese a
que Alemania por sí sola casi había destruido Rusia en dos ocasiones
durante el siglo XX. Sin embargo, fue un quid pro quo, “un esto
por aquello, una reciprocidad”. El gobierno de Bush prometió a
Gorbachov que la OTAN no se extendería a Alemania oriental, y que desde
luego no llegaría más al oriente. También le aseguró al mandatario
soviético “que la organización se transformaría en un ente más
político”. Gorbachov propuso también una zona libre de armas nucleares
desde el Ártico al Mar Negro, un paso hacia una “zona de paz” que
eliminara cualquier amenaza a Europa occidental u oriental. Tal
propuesta se pasó por alto sin consideración alguna.
Poco después llegó Bill Clinton al cargo. Muy pronto se desvanecieron
los compromisos de Washington. No es necesario abundar sobre la promesa
de que la OTAN se convertiría en un ente más político. Clinton expandió
la organización hacia el este, y Bush fue más allá. En apariencia
Barack Obama intenta continuar la expansión.
Un día antes del primer viaje de Barack Obama a Rusia, su asistente
especial en Seguridad Nacional y Asuntos Eurasiáticos informó a la
prensa: “No vamos a dar seguridades a los rusos, ni a darles ni
intercambiar nada con ellos respecto de la expansión de la OTAN o la
defensa con misiles”.
Se refería a los programas de defensa con misiles estadunidenses en
Europa oriental y a la posibilidad de convertir en miembros de la OTAN a
dos vecinos de Rusia, Ucrania y Georgia. Ambos pasos eran vistos por
los analistas occidentales como serias amenazas a la seguridad rusa, por
lo que, de igual modo, podían inflamar las tensiones internacionales.
Ahora, la jurisdicción de la OTAN es todavía más amplia. El asesor de
Seguridad Nacional de Obama, el comandante de Marina James Jones, hace
llamados a que la organización se amplíe al sur y también al este, de
modo que se refuerce el control estadunidense sobre las reservas
energéticas de Medio Oriente. El general Jones también aboga por una
“fuerza de respuesta de OTAN”, que confiera a la alianza militar
encabezada por Estados Unidos “mucho mayor capacidad y flexibilidad para
efectuar acciones con rapidez y en distancias muy largas”, objetivo que
ahora Washington se empeña en lograr en Afganistán.
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, informó a la
conferencia de la organización que “las tropas de la alianza tienen que
custodiar los ductos de crudo y gas que van directamente a Occidente”
y, de modo más general, proteger las rutas marinas utilizadas por los
buques cisternas y otras “cruciales infraestructuras” del sistema
energético. Dicha decisión expresa de forma más explícita las políticas
posteriores a la guerra fría: remodelar la OTAN para volverla una fuerza
de intervención global encabezada por Estados Unidos, cuya preocupación
especial sea el control de los energéticos. Supuestamente, la tarea
incluye la protección de un ducto de 7 mil 600 millones de dólares que
conduciría gas natural de Turkmenistán a Pakistán e India, pasando por
la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están desplegadas las
tropas canadienses. La meta es “bloquear la posibilidad de que un ducto
alterno brinde a Pakistán e India gas procedente de Irán”, y “disminuir
la dominación rusa de las exportaciones energéticas de Asia central”,
según informó la prensa canadiense, bosquejando con realismo algunos de
los contornos del nuevo “gran juego” en el que la fuerza de intervención
internacional encabezada por Estados Unidos va a ser un jugador
principal.
Desde los primeros días posteriores a la guerra fría, se
entendía que Europa occidental podría optar por un curso independiente,
tal vez con una visión gaullista de Europa, del Atlántico a los Urales.
En este caso el problema no es un “virus” que pueda “diseminar el
contagio”, sino una pandemia que podría desmantelar todo el sistema de
control global. Se supone que, al menos en parte, la OTAN intenta
contrarrestar esa seria amenaza. La expansión actual de la alianza, y
los ambiciosos objetivos de la nueva organización, dan nuevo empuje a
esos fines.
Los acontecimientos continúan atravesando el momento unipolar,
adhiriéndose bien a los principios que rigen los asuntos
internacionales. Más en específico, las políticas se conforman muy cerca
de las doctrinas del orden mundial formuladas por los planificadores
estadunidenses de alto nivel durante la Segunda Guerra Mundial. A partir
de 1939, reconocieron que, fuera cual fuese el resultado de la guerra,
Estados Unidos se convertiría en una potencia global y desplazaría a
Gran Bretaña. En concordancia, desarrollaron planes para que Estados
Unidos ejerciera control sobre una porción sustancial del planeta. Esta
“gran área”, como le llaman, habría de comprender por lo menos el
hemisferio occidental, el antiguo imperio británico, el Lejano Oriente y
los recursos energéticos de Asia occidental. En esta gran área, Estados
Unidos habría de mantener un “poder incuestionable”, una “supremacía
militar y económica”, y actuaría para garantizar “los límites de
cualquier ejercicio de soberanía” por parte de estados que pudieran
interferir con sus designios globales. Al principio los planificadores
pensaron que Alemania predominaría en Europa, pero conforme Rusia
comenzó a demoler la Wermacht (las fuerzas armadas nazis), la visión se
hizo más y más expansiva, y se buscó que la gran área incorporara la
mayor extensión de Eurasia que fuera posible, por lo menos Europa
occidental, el corazón económico de Eurasia.
Se desarrollaron planes detallados y racionales para la organización
global, y a cada región se le asignó lo que se le llamó su “función”. Al
Sur en general se le asignó un papel de servicio: proporcionar
recursos, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y
más tarde otros servicios, tales como recibir la exportación de
desperdicios y contaminación. En ese entonces, Estados Unidos no estaba
tan interesado en África, así que la pasó a Europa para que “explotara”
su reconstrucción a partir de la destrucción de la guerra. Uno podría
imaginar relaciones diferentes entre África y Europa a la luz de la
historia, pero no se tuvieron en cuenta. En contraste, se reconoció que
las reservas de petróleo de Medio Oriente eran una “estupenda fuente de
poder estratégico” y uno de los “premios materiales más grandes en la
historia del mundo”: la más “importante de las áreas estratégicas del
mundo”, para ponerlo en palabras de Eisenhower. Y los planificadores se
daban cuenta de que el control del crudo de Medio Oriente proporcionaría
a Estados Unidos el “control sustancial del mundo”.
Quienes consideran significativas las continuidades de la historia
tal vez recuerden que los planificadores de Truman hacían eco de las
doctrinas de los demócratas jacksonianos al momento de la anexión de
Texas y de la conquista de medio México, un siglo antes. Tales
predecesores anticiparon que las conquistas proporcionarían a Estados
Unidos un virtual monopolio del algodón, el combustible de la primera
revolución industrial: “Ese monopolio, ahora asegurado, pone a todas las
naciones a nuestros pies”, declaró el presidente Tyler. En esa forma,
Estados Unidos podría esquivar el “disuasivo británico”, el mayor
problema de esa época, y ganar influencia internacional sin precedente.
Concepciones semejantes guiaron a Washington en su política
petrolera. De acuerdo con ella -explicaba el Consejo de Seguridad
Nacional de Eisenhower-, Estados Unidos debe respaldar regímenes rudos y
brutales y bloquear la democracia y el desarrollo, aunque eso provoque
una “campaña de odio contra nosotros”, como observó el presidente
Eisenhower 50 años antes de que George W. Bush preguntara en tono
plañidero “por qué nos odian” y concluyera que debía ser porque odiaban
nuestra libertad.
Con respecto a América Latina, los planificadores posteriores a la
Segunda Guerra Mundial concluyeron que la primera amenaza a los
intereses estadunidenses la representan los “regímenes radicales y
nacionalistas que apelan a las masas de población” y buscan satisfacer
la “demanda popular de mejoramiento inmediato de los bajos estándares de
vida de las masas” y el desarrollo a favor de las necesidades internas
del país. Estas tendencias entran en conflicto con las demanda de “un
clima económico y político que propicie la inversión privada”, con la
adecuada repatriación de las ganancias y la “protección de nuestras
materias primas”. Gran parte de la historia subsiguiente fluye de estas
concepciones que nadie cuestiona.
TLC, “cura recomendada”
En el caso especial de México, el taller de desarrollo de estrategias
para América Latina, celebrado en el Pentágono en 1990, halló que las
relaciones Estados Unidos-México eran “extraordinariamente positivas”, y
que no las perturbaba ni el robo de elecciones, ni la violencia de
Estado, ni la tortura o el escandaloso trato dado o obreros y
campesinos, ni otros detalles menores. Los participantes en el taller sí
vieron una nube en el horizonte: la amenaza de “una ‘apertura a la
democracia’ en México”, la cual, temían, podría “poner en el cargo a un
gobierno más interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases
económicas y nacionalistas”. La cura recomendada fue un tratado Estados
Unidos-México que “encerrara al vecino en su interior” y proponerle las
reformas neoliberales de la década de 1980, que “ataran de manos a los
actuales y futuros gobiernos” mexicanos en materia de políticas
económicas.
En resumen, el TLCAN, impuesto puntualmente por el Poder Ejecutivo en oposición a la voluntad popular.
Y al momento en que el TLCAN entraba en vigor, en 1994, el presidente Clinton instituía también la Operación Guardián,
que militarizó la frontera mexicana. Él la explicó así: “no
entregaremos nuestras fronteras a quienes desean explotar nuestra
historia de compasión y justicia”. No mencionó nada acerca de la
compasión y la justicia que inspiraron la imposición de tales fronteras,
ni explicó cómo el gran sacerdote de la globalización neoliberal
entendía la observación de Adam Smith de que “la libre circulación de
mano de obra” es la piedra fundacional del libre comercio.
La elección del tiempo para implantar la Operación Guardián no
fue para nada accidental. Los analistas racionales anticiparon que
abrir México a una avalancha de exportaciones agroindustriales altamente
subsidiadas tarde o temprano socavaría la agricultura mexicana, y que
las empresas mexicanas no aguantarían la competencia con las enormes
corporaciones apoyadas por el Estado que, conforme al tratado, deberían
operar libremente en México. Una consecuencia probable sería la huída de
muchas personas a Estados Unidos junto con quienes huyen de los países
de Centroamérica, arrasados por el terrorismo reaganita. La
militarización de la frontera fue un remedio natural.
Las actitudes populares hacia quienes huyen de sus países -conocidos
como “extranjeros ilegales”- son complejas. Prestan servicios valiosos
en su calidad de mano de obra superbarata y fácilmente explotable. En
Estados Unidos las agroempresas, la construcción y otras industrias
descansan sustancialmente en ellos, y ellos contribuyen a la riqueza de
las comunidades en que residen. Por otra parte, despiertan tradicionales
sentimientos antimigrantes, persistente y extraño rasgo en esta
sociedad de migrantes que arrastra una historia de vergonzoso trato
hacia ellos. Hace pocas semanas, los hermanos Kennedy fueron vitoreados
como héroes estadunidenses. Pero a fines del siglo XIX los letreros de
“ni perros ni irlandeses” no los habrían dejado entrar a los
restaurantes de Boston. Hoy los emprendedores asiáticos son una
fulgurante innovación en el sector de alta tecnología. Hace un siglo,
acciones racistas de exclusión impedían el acceso de asiáticos, porque
se les consideraba amenazas a la pureza de la sociedad estadunidense.
Sean cuales fueren la historia y las realidades económicas, los
inmigrantes han sido siempre percibidos por los pobres y los
trabajadores como una amenaza a sus empleos, sus modos de vida y su
subsistencia. Es importante tener en cuenta que la gente que hoy
protesta con furia ha recibido agravios reales. Es víctima de los
programas de manejo financiero de la economía y de globalización
neoliberal, diseñados para transferir la producción hacia fuera y poner a
los trabajadores a competir unos con otros a escala mundial, bajando
los salarios y las prestaciones, mientras se protege de las fuerzas del
mercado a los profesionales con estudios. Los efectos han sido severos
desde los años de Reagan, y con frecuencia se manifiestan de modos feos y
extremos, como muestran las primeras planas de los diarios en los días
que corren. Los dos partidos políticos compiten por ver cuál de ellos
puede proclamar en forma más ferviente su dedicación a la sádica
doctrina de que se debe negar la atención a la salud a los “extranjeros
ilegales”. Su postura es consistente con el principio, establecido por
la Suprema Corte, de que, de acuerdo con la ley, esas criaturas no son
“personas”, y por tanto no son sujetos de los derechos concedidos a las
personas. En este mismo momento la Suprema Corte considera la cuestión
de si las corporaciones deben poder comprar elecciones abiertamente en
lugar de hacerlo de modos más indirectos: asunto constitucional
complejo, porque las cortes han determinado que, a diferencia de los
inmigrantes indocumentados, las corporaciones son personas reales, de
acuerdo con la ley, y así, de hecho, tienen derechos que rebasan los de
las personas de carne y hueso, incluidos los derechos consagrados por
los tan mal nombrados “acuerdos de libre comercio”. Estas reveladoras
coincidencias no me provocan comentario alguno. La ley es en verdad un
asunto solemne y majestuoso.
El espectro de la planificación es estrecho, pero permite alguna
variación. El gobierno de Bush II fue tan lejos, que llegó al extremo
del militarismo agresivo y ejerció un arrogante desprecio, inclusive
hacia sus aliados. Fue condenado duramente por estas prácticas, aun
dentro de las corrientes principales de opinión. El segundo periodo de
Bush fue más moderado. Algunas de sus figuras más extremistas fueron
expulsadas: Rumsfeld, Wolfowitz, Douglas Feith y otros. A Cheney no lo
pudieron quitar porque él era la administración. Las políticas
comenzaron a retornar más hacia la norma. Al llegar Obama al cargo,
Condoleeza Rice predecía que seguiría las políticas del segundo periodo
de Bush, y eso es en gran medida lo que ha ocurrido, más allá del estilo
retórico diferente, que parece haber encantado a buena parte del mundo…
tal vez por el descanso que significa que Bush se haya ido.
En el punto más candente de la crisis de los misiles cubanos, un
asesor de alto rango del gobierno de Kennedy expresó muy bien algo que
hoy es una diferencia básica entre George Bush y Barack Obama. Los
planificadores de Kennedy tomaban decisiones que literalmente amenazaban
a Gran Bretaña con la aniquilación, pero sin informar a los británicos.
En ese punto, el asesor definió la “relación especial” con el Reino
Unido. “Gran Bretaña -dijo- es nuestro teniente”; el término más de moda
hoy sería “socio”. Gran Bretaña, por supuesto, prefiere el término en
boga. Bush y sus cohortes se dirigían al mundo tratando a todos como
“nuestros tenientes”. Así, al anunciar la invasión de Irak, informaron a
Naciones Unidas que podía obedecer las órdenes estadunidenses, o
volverse “irrelevante”. Es natural que una desvergonzada arrogancia así
levante hostilidades.
Obama adopta un curso de acción diferente. Con afabilidad saluda a
los líderes y pueblos del mundo como “socios” y únicamente en privado
continúa tratándolos como “tenientes”, como “subordinados”. Los líderes
extranjeros prefieren con mucho esta postura, y el público en ocasiones
queda hipnotizado por ella. Pero es sabio atender a los hechos, y no a
la retórica o a las conductas agradables. Porque es común que los hechos
cuenten una historia diferente. En este caso también.
Tecnología de la destrucción
El actual sistema mundial permanece unipolar en una sola dimensión:
el ámbito de la fuerza. Estados Unidos gasta casi lo mismo que el resto
del mundo junto en fuerza militar, y está mucho más avanzado en la
tecnología de la destrucción. Está solo también en la posesión de
cientos de bases militares por todo el mundo, y en la ocupación de dos
países situados en cruciales regiones productoras de energéticos. En
estas regiones está estableciendo, además, enormes megaembajadas; cada
una de ellas es en realidad es una ciudad dentro de otra: clara
indicación de futuras intenciones. En Bagdad se calcula que los costos
de la megaembajada asciendan de mil 500 millones de dólares este año a
mil 800 millones en los años venideros. Se desconocen los costos de sus
contrapartes en Pakistán y Afganistán, como también se desconoce el
destino de las enormes bases militares que Estados Unidos instaló en
Irak.
El sistema global de bases se comienza a extender ahora por América
Latina. Estados Unidos ha sido expulsado de sus bases en Sudamérica; el
caso más reciente es el de la base de Manta, en Ecuador, pero
recientemente logró arreglos para utilizar siete nuevas bases militares
en Colombia, y se supone que intenta mantener la base de Palmerola, en
Honduras, que jugó un papel central en las guerras terroristas de
Reagan. La Cuarta Flota estadunidense, desbandada en los años 50 del
siglo XX, fue reactivada en 2008, poco después de la invasión colombiana
a Ecuador. Su responsabilidad cubre el Caribe, Centro y Sudamérica, y
las aguas circundantes. La Marina incluye, entre sus “variadas
operaciones”, acciones “contra el tráfico ilícito, maniobras simuladas
de cooperación en seguridad, interacciones ejército-ejército y
entrenamiento bilateral y multilateral”. Es entendible que la
reactivación de la flota provoque protestas y preocupación de gobiernos
como el de Brasil, el de Venezuela y otros.
La preocupación de los sudamericanos se ha incrementado por un
documento de abril de 2009, producido por el comando de movilidad aérea
estadunidense (US Air Mobility Command), que propone que la base de
Palanquero, en Colombia, pueda convertirse en el “sitio de seguridad
cooperativa” desde el cual “puedan ejecutarse operaciones de movilidad”.
El informe anota que, desde Palanquero, “casi medio continente puede
ser cubierto con un C-17 (un aerotransporte militar) sin recargar
combustible”. Esto podría formar parte de “una estrategia global en
ruta”, que “ayude a lograr una estrategia regional de combate y con la
movilidad de los trayectos hacia África”. Por ahora, “la estrategia para
situar la base en Palanquero debe ser suficiente para fijar el alcance
de la movilidad aérea en el continente sudamericano”, concluye el
documento, pero prosigue explorando opciones para extender el sistema a
África con bases adicionales, todo como parte de un sistema global de
vigilancia, control e intervención.
Estos planes forman parte de una política más general de
militarización de América Latina. El entrenamiento de oficiales
latinoamericanos se ha incrementado abruptamente en los últimos 10 años,
mucho más allá de los niveles de la guerra fría.
La policía es entrenada en tácticas de infantería ligera. Su misión
es combatir “pandillas de jóvenes” y “populismo radical”, término este
último que debe de entenderse muy bien en América Latina.
El pretexto es la “guerra contra las drogas”, pero es difícil tomar
eso muy en serio, aun si aceptáramos la extraordinaria suposición de que
Estados Unidos tiene derecho a encabezar una “guerra” en tierras
extranjeras. Las razones son bien conocidas, y fueron expresadas una vez
más a fines de febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia, encabezada por los ex presidentes Cardoso, Zedillo y
Gaviria. Su informe concluye que la guerra al narcotráfico ha sido un
fracaso total y demanda un drástico cambio de política, que se aleje de
las medidas de fuerza en los ámbitos interno y externo e intente medidas
menos costosas y más efectivas.
Los estudios llevados a cabo por el gobierno estadunidense, y otras
investigaciones, han mostrado que la forma más efectiva y menos costosa
de controlar el uso de drogas es la prevención, el tratamiento y la
educación. Han mostrado además que los métodos más costosos y menos
eficaces son las operaciones fuera del propio país, tales como las
fumigaciones y la persecución violenta. El hecho de que se privilegien
consistentemente los métodos menos eficaces y más costosos sobre los
mejores es suficiente para mostrarnos que los objetivos de la “guerra
contra las drogas” no son los que se anuncian. Para determinar los
objetivos reales, podemos adoptar el principio jurídico de que las
consecuencias previsibles constituyen prueba de la intención. Y las
consecuencias no son oscuras: subyace en los programas una
contrainsurgencia en el extranjero y una forma de “limpieza social” en
lo interno, enviando enormes números de personas “superfluas”, casi
todas hombres negros, a las penitenciarías, fenómeno que condujo ya a la
tasa de encarcelamiento más alta del mundo, por mucho, desde que se
iniciaron los programas, hace 30 años.
Aunque el mundo es unipolar en la dimensión militar, no siempre ha
sido así en la dimensión económica. A principios de la década de 1970,
el mundo se había vuelto económicamente “tripolar”, con centros
comparables en Norteamérica, Europa y el noreste asiático. Ahora la
economía global se ha vuelto aún más diversa, en particular tras el
rápido crecimiento de las economías asiáticas que desafiaron las reglas
del neoliberal “Consenso de Washington”.
También América Latina comienza a liberarse por sí sola de este yugo.
Los esfuerzos estadunidenses por militarizarla son una respuesta a
estos procesos, particularmente en Sudamérica, la cual por vez primera
desde las conquistas europeas comienza a enfrentar los problemas
fundamentales que han plagado el continente. He ahí el inicio de
movimientos encaminados a la integración de países que tradicionalmente
se orientaban hacia Occidente, no uno hacia el otro, y también un
impulso por diversificar las relaciones económicas y otras relaciones
internacionales. Están también, por último, algunos esfuerzos serios por
dar respuesta a la patología latinoamericana de que son los estrechos
sectores acaudalados los que gobiernan en medio de un mar de miseria,
quedando los ricos libres de responsabilidades, excepto la de
enriquecerse a sí mismos. Esto último es muy diferente de Asia oriental,
como se puede medir observando la fuga de capitales. En Asia oriental
tales fugas se han controlado con mucha fuerza. En Corea del Sur, por
ejemplo, durante su periodo de rápido crecimiento, la exportación de
capitales podía acarrear la pena de muerte.
Estos procesos en América Latina, en ocasiones encabezados por
impresionantes movimientos populares de masas, son de gran
significación. No es sorpresivo que provoquen amargas reacciones entre
las elites tradicionales, respaldadas por la superpotencia hemisférica.
Las barreras son formidables, pero, si logran remontarse, los resultados
van a cambiar en forma significativa el curso de la historia
latinoamericana, y sus impactos más allá de ella no serán pequeños.
Noam Chomsky (UNAM, Otoño 2009)
